Lunes 30 de octubre del 2006Las dos caras de Hazleton, Pensilvania.
El mismo día que Louis Barletta habló de la necesidad de limpiar su ciudad de inmigrantes, Agapito López, médico y residente, contó cómo están persiguiendo a la comunidad latina en particular. “Si eres inmigrante ilegal, Hazelton no es para ti”, repitió Louis Barletta, alcalde de esa ciudad durante un almuerzo organizado por el Club de Prensa de Pensilvania en Harrisburg al que fue invitado como orador principal.
Durante el tiempo que duró su presentación, Barletta acusó a los indocumentados de ser los únicos responsables del aumento del crimen, la inseguridad y la bancarrota que acosan a Hazleton. Todo esto ante más de cien asistentes a la reunión que se realizó en la capital del estado.
Como una forma de sembrar el resentimiento, antes del comienzo de la ceremonia varios carteles habían sido distribuidos en el salón. Las gráficas habían sido traídas por el funcionario municipal y mostraban recortes de periódicos de Hazleton donde se mencionaban los crímenes cometidos por uno o dos inmigrantes indocumentados.
Las fotos mostradas en gigantografías exponían a víctimas y acusados con la idea de presentar a todos los inmigrantes sin papeles como los únicos responsables de los delitos que ocurren en esa pequeña ciudad minera del Noreste de Pensilvania.
Después de afirmar que por mucho tiempo su ciudad fue una de las más tranquilas y seguras del país, porque según él “había un crimen una vez al año, los vecinos podían sentarse en la puerta de sus casas y platicar tranquilamente, los jóvenes disfrutaban salir de paseo a cualquier hora, y los niños podían jugar sin peligro en los parques”.
Todo eso cambió, aseguró Barletta, porque con el inesperado flujo de inmigrantes indocumentados, la ciudad se convirtió en un nicho de drogas, crimen y déficit que ha puesto en peligro la supervivencia de este rincón de Pensilvania. De pronto, los servicios médicos gratuitos y la contratación de policías aumentaron, señaló.
Más maestras que ofrecían clases de inglés (ESL) debieron ser contratadas. De tres que habían años atrás, ahora cuentan con 23, que según el polémico alcalde le cuesta a la Ciudad 23.000 dólares al año por cada una.“
Todo empezó a principios del 2000”, siguió relatando con un tono apocalíptico, “cuando una noche, unos estudiantes salieron a festejar el triunfo de su equipo de fútbol americano y su celebración fue empañada por el asesinato que cometió un ilegal a unos pasos de ellos”.
“Pero esta cadena de crímenes y violencia no pararon ahí, ya que hasta nuestros parques son invadidos por pandilleros que a plena luz del sol pelean con armas y venden drogas”, continuó.
“Perdí hasta el sueño, no podía creer que estaba perdiendo mi ciudad ante mis ojos. Los constituyentes me paraban en la calle y me pedían que hiciera algo porque se sentían prisioneros en sus propias casas”.
Todo esto, dijo, fue lo que lo motivo a pensar en una medida para eliminar la causa del mal en su ciudad. Y así redactó la ordenanza que condena y penaliza a los empleadores que den trabajo y a los propietarios que renten viviendas a los inmigrantes que no puedan comprobar estancia legal en EEUU.“
Mi primera responsabilidad son los ciudadanos legales que viven aquí. No es posible vivir con miedo donde mucha gente no quiere llevar a sus hijos a jugar a los parques por temor de ser víctimas de algún criminal. Yo crecí en este lugar y nunca tuvimos que preocuparnos de la falta de seguridad. Ahora, los gastos que ocasionan el flujo de indocumentados han creado un gran déficit en el presupuesto de la ciudad”.
Barletta pasó todo el tiempo vendiendo su posición a favor de la ordenanza que el alcalde espera pueda comenzar a aplicarse a principios de noviembre, aunque se descarta que eso ocurra por la demanda en la Corte que han plantado un grupo de residentes de Hazleton junto que la ‘Puerto Rican Legal and Education Fund’. Los demandantes calculan que en las próximas dos semanas la Corte debe pronunciar un veredicto y tienen fe que será en contra de la Ciudad de Hazleton porque ha incurrido en un campo de la ley que no le corresponde, que es legislar en cuestiones de inmigración, de exclusiva competencia federal.
El otro lado de la monedaEse mismo día en Harrisburg, que el alcalde de Hazelton se dirigió a un público selecto de Pensilvania, en su mayoría “blancos”; Agapito López, médico y residente de Hazelton y uno de los que figura en la demanda en contra de esta ciudad para detener estas medidas, se dirigió a un a grupo de estudiantes universitarios en una primera reunión y más tarde a un grupo diverso de personas que acudieron a conocer su punto de vista, como ciudadano latino, de lo que pasa con la población afectada en Hazelton.
Agapito López fue invitado por Andy Hoover, organizador en Harrisburg de la Unión Americana de la Libertad Civil (ACLU, por sus siglas en inglés) quien armó el seminario: “Poder para las personas. El Derecho a los Inmigrantes”. También participaron de ese panel Ho-Thanh Nguyen del grupo de Refugiados Inmigrantes de PA y la abogada Shamaine Daniels del Proyecto de Justicia en la Comunidad.
López, que también es comisionado de la Oficina de Asuntos Hispanos para el Gobernador, advirtió antes de comenzar su discurso que su presentación no era como asesor del gobernador sino simplemente como residente de Hazelton.
El médico dijo que el temor se ha extendido entre los latinos que viven en esta ciudad, sean legales o ilegales, porque: “nadie puede vivir tranquilo en una ciudad donde las autoridades han creado un sentimiento no amigable contra nosotros. Nuestra piel nos delata, ya que nadie trae en la frente un sello que diga que somos legales y por eso, para los ojos de los demás, todos podemos ser considerados criminales”.
López no acusó a nadie sino que se limitó a explicar lo que en realidad está pasando con las medidas que quieren implementar en contra de los inmigrantes sin documentos. Lo que esta ordenanza provocará es que toda persona que desee rentar una vivienda tendrá que tener un permiso aprobado por la ciudad que los hace legalmente elegibles.
Así mismo, los caseros o vendedores de casas tendrán que comprometerse a firmar un documento oficial de que por ningún motivo rentarán o venderán una casa o apartamento a un indocumentado. Pero esta medida se extiende también a los empleadores quienes no podrán contratar a quienes no tengan un permiso oficial de la ciudad que compruebe que su seguro social es legítimo.
López comentó que cada vez que los americanos se sienten amenazados empiezan a atacar a los inmigrantes. “Antes fueron otros inmigrantes, ahora son los latinos los “chivos expiatorios” del resentimiento racial”.
* FIDELIA FRIEDMANEspecial para AL DÍAhttp://www.pontealdia.comY si sigo escarbando, sigo encontrando...
